Qué debe contener un informe pericial para que sirva en juicio

Lo que la ley exige, y lo que la ley da por supuesto

La Ley de Enjuiciamiento Civil dedica los artículos 335 a 352 al dictamen de peritos, y aplica supletoriamente a los procesos laborales en defecto de disposición propia (artículo 4 LEC). De todo ese bloque, lo que se refiere al contenido del informe cabe en muy poco: el dictamen se formulará por escrito, acompañado en su caso de los documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito, y si no fuese posible aportarlos, el escrito contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes (artículo 336.2).

Eso es todo. La ley no impone índice, ni apartados, ni extensión. Lo que sí hace, y con detalle, es describir cómo se va a atacar el informe. Y de ahí se deduce el contenido con más precisión que de cualquier manual.

Los dos requisitos que sí son requisitos

El juramento o promesa de objetividad. El artículo 335.2 LEC: al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Se redacta en tres líneas y su ausencia es un regalo innecesario a la contraparte.

La competencia. El artículo 340.1 LEC, en su redacción vigente desde el 3 de abril de 2025, exige que los peritos posean el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este y sean acreditados expertos en la materia. El inciso sobre la acreditación como experto es nuevo y conviene tenerlo presente: el título ya no basta por sí solo como argumento. Si la materia no está comprendida en títulos profesionales oficiales, los peritos habrán de ser nombrados entre personas entendidas en ella.

Hay además una incompatibilidad expresa que se pasa por alto: salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto (artículo 335.3).

El calendario, que es donde se pierden los informes

Orden social. El artículo 93.1 LJS dispone que la práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando los peritos su informe y ratificándolo. No hay audiencia previa, no hay trámite escrito de contradicción, no hay ocasión de matizar por escrito. Toda la discusión técnica se concentra en una intervención oral.

Y hay un plazo previo que decide si el informe llega a existir procesalmente: el artículo 82.5 LJS exige el traslado previo entre las partes o la aportación anticipada, con diez días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial de que intenten valerse, en formato electrónico salvo que la parte no venga obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Transcurrido ese plazo, solo se admiten documentos, dictámenes, medios e instrumentos relativos al fondo que sean de fecha posterior y no se hubiesen podido confeccionar ni obtener antes, o de fecha anterior cuando se justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia.

Orden civil. Los dictámenes en que las partes apoyen sus pretensiones se acompañan a la demanda o a la contestación (artículos 265.1.4º y 336.1). Cuando no sea posible, hay que expresar en la demanda o la contestación de qué dictámenes se pretende valer y aportarlos en cuanto se disponga de ellos y, en todo caso, cinco días antes de iniciarse la audiencia previa en el juicio ordinario, o en treinta días desde la presentación de la demanda o de la contestación en el juicio verbal, plazo prorrogable por el tribunal cuando la naturaleza de la prueba lo exija y exista causa justificada (artículo 337.1).

Quien tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita no aporta el dictamen: lo anuncia, para que se proceda a la designación judicial de perito (artículo 339.1). Y cualquiera de las partes puede pedir la designación judicial en su escrito inicial, a su costa y sin perjuicio de lo que se acuerde en materia de costas (artículo 339.2).

Cómo se va a interrogar el informe

Esta es la lista que conviene tener delante mientras se redacta. El artículo 347.1 LEC permite a las partes y a sus defensores pedir:

1. Exposición completa del dictamen, cuando requiera operaciones complementarias del escrito aportado.
2. Explicación del dictamen o de alguno de sus puntos, cuyo significado no se considere suficientemente expresivo.
3. Respuestas a preguntas y objeciones sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.
4. Respuestas a solicitudes de ampliación a otros puntos conexos.
5. Crítica del dictamen por el perito de la parte contraria.
6. Formulación de las tachas que pudieran afectar al perito.

El punto tercero es el que gobierna la redacción. Si método, premisas y conclusiones pueden preguntarse por separado, tienen que estar separados en el texto. Un informe escrito en prosa continua, donde el hecho observado, la norma aplicada y la inferencia comparten párrafo, obliga al perito a reconstruir sobre la marcha qué sostiene qué. Un informe en el que cada conclusión remite explícitamente a los hechos y documentos de los que sale se defiende punto por punto, y una objeción que derriba una conclusión no arrastra a las demás.

Cómo se valora

El artículo 348 LEC lo resuelve en una línea: el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. No hay prueba tasada, no hay jerarquía entre el perito de parte y el designado judicialmente, y no hay ningún efecto automático derivado de la titulación.

Conviene leer eso junto al artículo 97.2 LJS, que obliga a la sentencia a declarar expresamente los hechos que estime probados y a razonar en los fundamentos de derecho por qué. Un informe cuyas conclusiones estén redactadas de forma que puedan transcribirse como hechos probados — afirmaciones cerradas, verificables, cada una con su soporte — le hace ese trabajo mucho más fácil al juzgador. Un informe que concluye con valoraciones generales, no.

Tachas: qué son y qué se hace con ellas

Solo los peritos designados judicialmente pueden ser recusados. Los peritos de parte están sujetos a tacha cuando concurra alguna de las cinco causas del artículo 343.1 LEC: parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con una de las partes o con sus abogados o procuradores; interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante; estar o haber estado en situación de dependencia, de comunidad o de contraposición de intereses con alguna de las partes o sus letrados; amistad íntima o enemistad; y cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que les haga desmerecer en el concepto profesional.

La tacha no expulsa la prueba. El artículo 344.2 dispone que el tribunal, sin más trámites, la tendrá en cuenta en el momento de valorar la prueba, pudiendo declarar su falta de fundamento; y si aprecia temeridad o deslealtad procesal en la tacha, imponer a la parte responsable una multa de 60 a 600 euros.

La consecuencia práctica para el informe es sencilla: la relación previa del perito con la parte, si la hay, se declara en el propio dictamen. Que salga en el interrogatorio es peor que haberlo escrito.

La estructura que resiste

No la impone ninguna norma. Es la que se deriva de todo lo anterior.

1. Objeto del encargo y preguntas planteadas. Qué se pide dictaminar, formulado como preguntas concretas. Las conclusiones responderán una a una.
2. Quién dictamina. Identificación, titulación y experiencia en la materia concreta, y declaración de la relación con la parte si existe.
3. Documentación examinada. Inventario con fecha, procedencia y número de folios de cada documento. Lo que no se ha podido examinar, dicho.
4. Actuaciones realizadas. Visita, mediciones, ensayos, entrevistas, con su fecha y sus condiciones. Y la distinción entre lo observado directamente y lo tomado de fuentes ajenas.
5. Hechos. Descripción de lo ocurrido y del escenario, separando el hecho observado de la inferencia.
6. Marco normativo aplicable. El precepto concreto que impone cada obligación discutida, no la norma entera. Si es una norma técnica de aplicación voluntaria, dicho también.
7. Método y su justificación. Por qué ese método y no otro, y qué margen de incertidumbre tiene. Es lo que el artículo 347.1.3º permite preguntar en primer lugar.
8. Análisis. El razonamiento que va de los hechos y la norma a la conclusión, escrito para poder ser seguido paso a paso.
9. Conclusiones numeradas, correlativas a las preguntas del apartado 1, cada una remitiendo a los apartados que la sostienen.
10. Declaración de objetividad del artículo 335.2 LEC, fecha y firma.
11. Anexos: fotografías con fecha y punto de toma, planos, certificados, documentación de respaldo.

Sobre la norma UNE 197001, criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales: es una norma técnica de aplicación voluntaria, no una norma jurídica. Ningún precepto la exige y su incumplimiento no invalida nada. Merece la pena seguirla por una razón distinta: ordena el documento en apartados que coinciden, casi punto por punto, con lo que la contraparte puede preguntar.

Lo que un perito no debe hacer

No califica jurídicamente. Concluir que hubo negligencia, que procede el recargo o que existe responsabilidad es invadir lo que decide el órgano judicial, y lo primero que hará una defensa competente es señalarlo. El perito establece que faltaba una medida exigible, cuál era la norma que la imponía y cómo su ausencia interviene en el mecanismo del daño. La calificación la hace el juzgado con ese material.

No opina fuera de su especialidad. Un informe de prevención de riesgos laborales que valora secuelas, o uno médico que dictamina sobre incumplimientos preventivos, se sale de su terreno y arrastra en su caída lo que sí estaba bien hecho.

No aporta conclusiones que no puedan sostenerse solas. Cada afirmación del apartado de conclusiones debe poder defenderse sin apoyarse en las otras. Es la diferencia entre perder un punto en la vista y perder el informe entero.