Indemnización por accidente laboral

Qué se reclama exactamente

La indemnización de daños y perjuicios es la única de las consecuencias económicas de un accidente de trabajo que persigue reparar el perjuicio realmente sufrido. La prestación de la Seguridad Social responde a un esquema objetivo y tasado; el recargo es un porcentaje sobre esa prestación; la sanción administrativa castiga una infracción. Solo la indemnización mira al daño.

Eso tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que exige acreditar incumplimiento y relación causal, cosa que la prestación no exige. La segunda es que su cuantificación depende de una valoración del daño que ninguna de las otras tres necesita.

Ante quién y contra quién

El artículo 2.b LJS atribuye al orden social las cuestiones litigiosas que se promuevan en relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquellos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

Dos detalles útiles de esa redacción. Uno: la legitimación pasiva no se agota en el empresario, alcanza a quienes tengan atribuida responsabilidad por cualquier título, lo que en obra abre la puerta al promotor, a la contrata, a la coordinación y a los técnicos. Dos: la acción directa contra la aseguradora se ejercita en el propio orden social, sin necesidad de acudir al civil.

El artículo 2.e LJS completa el cuadro atribuyendo al orden social las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados.

Sobre qué se apoya

• El deber. El artículo 14.2 LPRL: el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Y el 14.4: concertar un servicio de prevención ajeno o designar trabajadores no le exime del cumplimiento de ese deber.
• La consecuencia. El artículo 42.1 LPRL: el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención dará lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
• La compatibilidad con la prestación. El artículo 168.3 LGSS: cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación se hará efectiva sin perjuicio de aquellas responsabilidades, y el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables.
• El régimen general de la obligación. El artículo 1101 del Código Civil, para la vertiente contractual, y el 1902 para la extracontractual.

Quién tiene que probar qué

El artículo 96.2 LJS invierte la carga en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: corresponde a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.

La expresión «los concurrentes en la producción del resultado lesivo» es más amplia que «el empresario», y en un escenario de concurrencia empresarial da juego. La segunda frase del precepto cierra la defensa más socorrida: no podrá apreciarse como elemento exonerador la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que este inspira.

A eso se añade el artículo 15.4 LPRL, que no habla de valorar conductas sino de diseñar sistemas: la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Un sistema preventivo que solo funciona si nadie se distrae no cumple ese estándar, y eso es demostrable técnicamente.

Lo que la ley no dice, y conviene no fingir que dice

Tres piezas centrales del cálculo de una indemnización por accidente laboral no están en ninguna norma laboral. Presentarlas como si lo estuvieran es un flanco abierto.

El descuento de las prestaciones. Que de la indemnización se descuente lo ya percibido por prestaciones de la Seguridad Social, y que ese descuento se haga por conceptos homogéneos — de manera que no se indemnice dos veces el mismo perjuicio pero tampoco se compensen partidas de naturaleza distinta —, es construcción de los tribunales. No hay artículo de la LGSS ni de la LPRL que lo establezca.

El tratamiento del recargo. Si el importe del recargo se descuenta o no de la indemnización es una cuestión sobre la que se han sostenido criterios distintos. Tampoco hay precepto que la resuelva. Lo que sí es indiscutible es lo que dice el artículo 164.2 LGSS: el recargo lo paga directamente el empresario infractor y no puede ser objeto de seguro alguno.

El baremo. El sistema de valoración de daños del texto refundido aprobado por el RDL 8/2004 se aplica, por mandato de su artículo 1.4, a los daños causados por hechos de la circulación regulados en esa ley. Un accidente de trabajo no lo es. Que en el orden social el baremo se emplee como referencia orientativa es un criterio jurisprudencial, con el margen de adaptación que eso implica. Es una diferencia con consecuencias prácticas: lo que se discute no es la aplicación mecánica de una tabla, sino la justificación de por qué esa referencia y con qué correcciones.

Cómo se relaciona con el recargo

Comparten base fáctica y no comparten casi nada más.

	Recargo	Indemnización
Sobre qué se calcula	Las prestaciones económicas	El daño realmente sufrido
Quién paga	El empresario, sin seguro posible	Habitualmente la aseguradora de RC
Qué hay que subsumir	Uno de los supuestos del art. 164.1 LGSS	Incumplimiento y relación causal
Quién decide primero	El INSS, en vía administrativa	El juzgado de lo social
Plazo	Cinco años (art. 53.1 LGSS)	Un año (art. 59 ET)

La consecuencia de gestión es la que importa: el trabajo técnico se hace una vez y sirve para las dos. Lo que cambia es el encuadre. Para el recargo hay que situar el caso en uno de los tres supuestos del artículo 164.1 LGSS. Para la indemnización hay que cerrar la relación causal y aportar la valoración del daño. Y los plazos corren a velocidades distintas, con la agravante de que el más corto es el de la indemnización y su día inicial tampoco está cerrado: se desarrolla en la guía de plazos.

Qué documentación asegurar cuanto antes

La reclamación se construye sobre documentos que están en poder de la empresa y que tienen fecha. El artículo 23.1 LPRL enumera lo que el empresario está obligado a elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral: plan de prevención, evaluación de riesgos con el resultado de los controles periódicos, planificación de la actividad preventiva, práctica de los controles del estado de salud y relación de accidentes y enfermedades profesionales que hayan causado una incapacidad superior a un día de trabajo.

A eso hay que añadir tres piezas que se piden poco:

1. La investigación interna del artículo 16.3 LPRL. Cuando se ha producido un daño para la salud, el empresario está obligado a llevar a cabo una investigación para detectar sus causas. Ese documento existe con frecuencia y suele ser más explícito que cualquier otro.
2. El libro de incidencias, si el accidente ocurrió en obra, con su régimen del artículo 13 del RD 1627/1997.
3. La actuación de la Inspección de Trabajo, cuyos hechos constatados en el acta tienen presunción de certeza conforme al artículo 53.2 LISOS, sin perjuicio de la prueba en contrario.

Dónde termina el perito de prevención y empieza el médico

Es la distinción que más veces se pasa por alto al encargar la prueba, y produce informes que no responden a lo que hacía falta.

El perito de prevención de riesgos laborales establece qué medida era exigible con la norma que la impone, si estaba implantada el día del accidente, con qué documentación queda acreditado y cómo su ausencia interviene en el mecanismo lesivo. Es decir: sostiene el si hay responsabilidad.

El perito médico o de valoración del daño corporal establece las secuelas, su alcance funcional, el periodo de estabilización y los perjuicios personales asociados. Es decir: sostiene el cuánto.

Un informe de prevención que se aventura en la valoración del daño, o un informe médico que dictamina sobre incumplimientos preventivos, se sale de su terreno y lo primero que hará la contraparte será preguntarlo. En reclamaciones de cierta entidad las dos pericias son necesarias, y se encargan sabiendo qué contesta cada una.