Peritaje para recargo de prestaciones

Qué acredita el informe

El recargo de prestaciones exige demostrar que el accidente se produjo por falta de medidas de seguridad. Esa relación entre el incumplimiento concreto y el daño es una cuestión técnica, y es lo que el informe pericial documenta.

El artículo 164.1 LGSS no habla de negligencia genérica. Enumera supuestos: que los equipos de trabajo, las instalaciones, los centros o los lugares de trabajo carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones; que no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud; o que no se haya atendido a la adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. El informe tiene que situar el caso en uno de esos supuestos, no en una idea general de descuido.

Sobre qué se calcula y quién lo paga

El recargo se aplica a todas las prestaciones económicas que tengan su causa en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, y va del 30 al 50 % según la gravedad de la falta. Cuando lo reconocido es una pensión vitalicia y no un pago único, la cifra que se discute es mucho mayor de lo que suele estimarse de entrada.

La responsabilidad recae directamente sobre el empresario infractor y no puede ser objeto de seguro alguno: es nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla (artículo 164.2 LGSS). Es la única consecuencia económica del accidente que ninguna póliza absorbe, y por eso se discute medida a medida.

El artículo 164.3 LGSS añade que esta responsabilidad es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

Qué mueve el recargo dentro de la horquilla

La ley gradúa “según la gravedad de la falta”, de modo que el informe debe aportar los elementos técnicos que permiten situar el caso dentro de la horquilla: si la medida ausente era básica o accesoria, si el riesgo estaba identificado en la evaluación y aun así no se planificó nada, si había incidencias previas del mismo tipo, y si el incumplimiento era puntual o sistemático.

La calificación administrativa del incumplimiento en la escala de la LISOS ayuda a ordenar ese análisis: los artículos 12 y 13 distinguen las infracciones graves de las muy graves, y estas últimas se reservan a supuestos como no paralizar los trabajos a requerimiento de la Inspección ante riesgo grave e inminente o adscribir a un trabajador a un puesto incompatible con sus características conocidas derivándose de ello ese mismo riesgo.

En qué plazo se puede reclamar

El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante (artículo 53.1 LGSS). Es un plazo distinto y más largo que el de la acción de daños y perjuicios derivada del contrato de trabajo, que prescribe al año (artículo 59 ET). Son dos relojes que corren a la vez y conviene calcular ambos antes de mover nada.

Cuándo se necesita

• Expediente de recargo de prestaciones ante el INSS
• Impugnación de la resolución que reconoce o deniega el recargo
• Defensa de la empresa frente a una propuesta de recargo
• Reclamación de indemnización por daños derivada del mismo accidente
• Discusión sobre el porcentaje aplicado dentro de la horquilla del 30 al 50 %